martes, 22 de julio de 2014
lunes, 30 de junio de 2014
lunes, 28 de enero de 2013
El mejor del 2012
Luego de pensarlo un poco, comparto el (que creo yo) fue el mejor album del 2012...
Father John Misty - Fear Fun
y una entrevista por acá
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miércoles, 9 de enero de 2013
La Historia del Conflicto Mapuche
Para entender mejor el actual conflicto... Una breve referencia a la Historia:
El
pueblo mapuche existe con anterioridad al Estado de Chile. Esta expresión que
si bien nos pudiese parecer obvia,
guarda un contenido de profunda trascendencia para poder comprender el
conflicto mapuche en nuestros días. Fue este pueblo el que se opuso al avance
del Imperio Inca hacia el Sur, y el que los colonos españoles, luego de la
conquista de Chile por Pedro de Valdivia en el siglo XVI, nunca pudieron
someter.[1]
Es por ello que la estrategia de los peninsulares se restringió a una política
de tratados y parlamentos que fue sólo interrumpida con el advenimiento de la
independencia nacional en 1818. En 1803 el último parlamento de la época
colonial, conocido con el nombre de Parlamento de Negrete, pretende poner fin a
los enfrentamientos violentos entre españoles e indígenas.
Después de la
Independencia sería el Parlamento de Tapihue el año 1825 durante el gobierno de
Ramón Freire, el que intentaría sellar la paz, estableciendo como línea
divisoria al río Bío Bío e identificando a ambos grupos como entidades
políticas distintas pero abrazadas en una hermandad conocida como ‘‘la gran
familia chilena’’[2]. Sin
embargo, ni la Constitución de 1828, ni su reforma el año 1833, considerarían este
Tratado en sus disposiciones y ya el año 1852 el Estado chileno crearía la
provincia de Arauco, en una clara desatención a lo pactado con el pueblo
mapuche años antes. La segunda mitad del siglo XIX sería el siglo de la mal
llamada ‘‘Pacificación de la Araucanía’’, proceso liderado por el General de
Ejército Cornelio Saavedra Rodríguez, que
consistió en la ocupación por parte del Estado chileno de los territorios
mapuches. Este proceso que se llevo a cabo desde el año 1861 hasta 1883 logró
poner fin a la famosa Guerra de Arauco que duraría alrededor de tres siglos. La
supuesta ‘‘pacificación’’ de hecho no tuvo nada de pacífica e implicó una
ofensiva militar de enormes dimensiones por parte del Estado de Chile, que se
tradujo en la construcción de fuertes y ciudades que (junto a una política de
inmigración para poblar dichos enclaves urbanos que se fundaron) terminaron por
desmembrar la unidad del pueblo mapuche, reduciendo su supervivencia a espacios
aislados que permitieron el escenario perfecto para la futura estrategia de
asimilación e integración de los territorios y sus habitantes. El siglo XX,
sería utilizado por el pueblo mapuche precisamente para reivindicar sus
derechos ancestrales respecto a las tierras usurpadas por el Estado chileno. De
hecho, con la introducción de la reforma agraria en el gobierno de Jorge
Alessandri Rodríguez, uno de los intereses que se pretendían solucionar (además
de hacer más productivas desde el punto de vista agrícola las tierras
concentradas en pocos propietarios) eran las demandas mapuches de
reivindicación. Los logros de la reforma agraria que en lo particular fueron
producto al movimiento indígena y la coordinación que se dio entre la
Corporación de Reforma Agraria (CORA) y el Instituto de Desarrollo Indígena en los
años de la radicalización de la reforma en el gobierno de Salvador Allende, fueron
rescindidos luego del golpe de Estado y el gobierno militar que se instala el
año 1973.[3]
La
dictadura de Augusto Pinochet se caracterizó por la revocación de todas las
expropiaciones territoriales realizadas durante la reforma agraria. La
implantación de un sistema económico neoliberal, iría acompañada de incentivos
regulatorios para la instalación de una creciente industria forestal en
territorios mapuches por ser naturalmente atractivos en este tipo de recursos. En
este contexto existen dos Decretos Leyes (DL) que fueron claves. Por un lado,
tenemos el DL 701 del año 1974 que regula entre otras cosas la actividad
forestal y establece un sistema de incentivos para la forestación. Esta
legislación creó un sistema de exención tributaria del pago de los impuestos
territoriales sobre los terrenos que explotarían las forestales, lo que llevó a
que las empresas comenzaran a comprar tierras a gran escala.[4]
Por otro lado, el DL 2.568 fue una modificación a la ley indígena (17.729) del
Presidente Allende y tuvo como objetivo (en el discurso político) solucionar
los problemas territoriales con el pueblo mapuche. Sin embargo, la estrategia
del gobierno militar consistía en sanear los títulos de propiedad perteneciente
a los integrantes de la comunidad mapuche, con la finalidad de que a través de
aquella reparación, los mapuches lograsen conseguir un desarrollo económico
individual. A través del trabajo agrícola individual y ya no colectivo, se
perseguía producir una integración del mapuche a la sociedad chilena (en su
interdependencia económica). A través de la división de las comunidades
indígenas, se lograría -en la mente del
gobierno – poner fin a la tensión política y desarticular un movimiento
político de mayor envergadura.
Con
el regreso de la Democracia y el comienzo de los gobiernos de la Concertación,
se inicia una nueva etapa el año 1989 con los Acuerdos de Nueva Imperial, donde
los pueblos originarios plantean sus demandas al entonces candidato a la
presidencia, Patricio Aylwin, quien se compromete a impulsar un reconocimiento
constitucional de los Pueblos Indígenas y de sus derechos económicos, sociales
y culturales fundamentales. Por primera vez el Estado asume (aunque no a nivel
constitucional) la heterogeneidad de su población. En este mismo periodo se
dicta una Ley Indígena (19.253)[5],
con la que se busca proteger a la población y tierras indígenas, junto con la
creación de áreas indígenas y un órgano público de asuntos indígenas (CONADI), en el
cual tendrían participación representantes de distintas etnias.[6]
Sin embargo, estas iniciativas si bien son un avance respecto a la situación
anterior, a la larga no logran dar con una solución al problema de división y
asimilación que sufre la población mapuche (lo que es corroborado en los censos
que se realizan). Llegado el cambio de milenio, en el gobierno de Ricardo
Lagos, se impulsaría un documento conocido como el Informe de la Comisión
Verdad Histórica y Nuevo Trato del año 2003, que intentaría ser una propuesta
para lograr el anhelado reconocimiento
constitucional y una nueva etapa entre el Estado y los pueblos mapuches que
habitan el territorio. Este informe si bien significó un reconocimiento por
parte del Estado, de los años de negación y asimilación a los que fueron
víctimas los distintos pueblos indígenas,[7]
resulto ser en la práctica una mera declaración de buenas intenciones, dado que
a diez años de su vigencia, las principales propuestas siguen pendientes. Un
avance notable en este periodo - luego de cerca de dieciocho años de discusión
en el Congreso Nacional - fue la
aprobación en el año 2008 del Convenio 169 de la OIT durante el gobierno de
Michelle Bachelet, que establecería un nuevo marco legal respecto a los pueblos
indígenas, como analizaremos más adelante. No obstante los avances a nivel
legal que hemos descrito en esta última parte de esta sección, se debe aclarar
que el actuar del gobierno, desde el regreso de la democracia en Chile respecto
a los pueblos indígenas ha sido uno marcado por una continuidad lejos de las
buenas intenciones que se infieren de los documentos desarrollados por
comisiones o aprobados por el Congreso. La criminalización de la protesta
mapuche, evidenciada por la aplicación de la Ley Antiterrorista o Ley de
Seguridad del Estado (12.927) que tiene como antecedente a la ‘‘Ley Maldita’’ o
Ley de Defensa Permanente de la Democracia, no ha distinguido tendencia
política y se ha dado con los gobiernos de la Concertación y actualmente con el
gobierno del Presidente Sebastián Piñera.[8]
Para entender el actual conflicto, es necesario desarraigarse de las actuales consignas nacionalistas que imploran la aplicación de la Ley Antiterrorista. Para abordar el problema es necesaria la comprensión de las demandas del pueblo mapuche, para así poder construir una política de Estado (no excluyente) basada en el Reconocimiento.
[1] Pedro de Valdivia funda Santiago
en el 1541, ese mismo año, Michimalonko ataca Santiago, la que es completamente
destruida. Valdivia es juzgado y ejecutado por el pueblo mapuche trece años
después. Si bien no pudieron someterlos como pueblo, muchos mapuches fueron
hechos esclavos a través del sistema de encomienda, los indios eran
considerados vasallos de la colonia según un decreto real que data del año
1503. Véase: Rouland Norbert, Stéphane Pierré Caps y Jacques Poumaréde. Derechos
de las minorías y de pueblos autóctonos. Siglo veintiuno editores, México
(1999), pp.83 y 84.
[2] Véase un interesante análisis
sobre este Tratado en: Clavero, Bartolomé. Reconocimiento
Mapu-Che de Chile: Tratado ante Constitución, Revista Derecho y
Humanidades, N° 13, 2008, pp. 19-23.
[3] Véase el Documental Wallmapu, realizado por el Centro de
Extensión y Comunicaciones de la Universidad Católica de Temuco con el auspicio de un FONDART del Gobierno de Chile el año 2001
y dirigido por Jeannette Paillán, en el que se aborda principalmente el despojo
y las demandas mapuches de reivindicación territoriales. En este trabajo
aparece que en la Dictadura cerca del 95% de los terrenos que fueron
restituidos a la población mapuche, fueron devueltos a sus dueños no mapuches o
incluso traspasados a través de la CORA a CONAF para que estas tierras fueran
rematadas.
[4] Lo que significó a su vez un
perjuicio en los terrenos producto de que las forestales sustituyeron el bosque
nativo por la plantación de miles de hectáreas de pino insigne. Véase este
cuerpo legal en: http://www.conaf.cl/cms/editorweb/normativa/DL-701.pdf (Fecha de la última visita:
01/01/2013)
[5] Del 5 de Octubre de 1993 que
establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
[6] Skewes, Juan Carlos. Creando desorden: Orígenes, el estado y la
sociedad mapuche en Chile. En: Aylwin, José (Editor). Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Tendencias Internacionales y
Contexto chileno, Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de la
Frontera, 2004, p.392.
[7] Véase el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con
los Pueblo Indígenas, Editado por el Comisionado Presidencial para Asuntos
Indígenas, Primera Edición, Santiago de Chile, 2008, pp.531-582.
[8] Es curioso que en el contexto de
las elecciones presidenciales del año 2010, todos los candidatos tenían en sus
programas el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. De esta
manera, incluso el programa de Piñera, señalaba tal medida como algo inminente.
Véase: http://www.minsegpres.gob.cl/wp-content/uploads/2011/01/Programa_de_Gobierno_2010.pdf , p. 203 (Fecha última consulta
02/01/2013). Sin embargo hoy, en el último año de su gobierno, tal medida está
lejos de ser considerada como prioritaria y no se encuentra siquiera mencionada
entre las prioridades legislativas del Ejecutivo. Véase la reciente publicación
en el Diario El Mercurio de Las
prioridades legislativas de la Moneda en su último año de Gobierno (C 2),
Miércoles 2 de Enero de 2013.
domingo, 6 de enero de 2013
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